La nueva norma también evitará al Estado devolver suelos que ya se ha quedado
El Gobierno acelera la aprobación de un nuevo Reglamento General de Costas para expropiar terrenos de ayuntamientos, empresas y ciudadanos cercanos al mar y, a la par, evitar tener que devolver los ya adueñados en los últimos dos años, después de que el Tribunal Supremo tumbara el pasado febrero la norma anterior por deficiencias en su tramitación.
Desde que el Alto Tribunal anuló el Real Decreto del 1 de agosto de 2022, varios ayuntamientos ya han anunciado su intención de solicitar al Estado la devolución de los terrenos expropiados por estar muy cerca de la costa. Sin embargo, para evitar deshacer los deslindes en marcha e incorporar nuevos terrenos a futuros deslindes, el Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, ya prepara un nuevo Real Decreto para dar continuidad al Reglamento General de Costas anulado.
El documento, sometido a consulta pública hasta el próximo 21 de marzo (trámite que se omitió en el anterior Reglamento y por lo que lo tumbó el Supremo), indica que el objetivo de la nueva norma es regular «el otorgamiento de concesiones y prórrogas, limitando su duración» en las instalaciones cercanas a la costa. Esto es lo que blinda al Estado para expropiar terrenos.
El Reglamento anulado establecía que los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre «pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado». «La concesión se otorgará por 75 años contados a partir de la fecha de aprobación del deslinde, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon», apuntaba la norma.
Ahora, de nuevo, la Administración busca controlar estas concesiones y prórrogas. El Reglamento anterior señalaba que el plazo máximo para la concesión de una actividad o instalación junto a las pertinentes prórrogas no podía superar en su conjunto los 75 años. Además, si había un acuerdo de deslinde (es decir, que el Estado podía incorporar estos terrenos dentro de su propiedad) suspendía cualquier autorización o concesión.
Subida del nivel del mar
El Ministerio para la Transición Ecológica justifica en su nuevo documento que la costa es especialmente sensible a la subida del nivel medio del mar vinculada al cambio climático. «La exposición de la población y de los bienes a riesgos costeros se incrementa cada vez más y se prevé que esa tendencia continúe», expone. Por tanto, añade que la franja costera necesita protección por sus valores ambientales y paisajísticos, al estar sometida a una extraordinaria presión humana.
La Administración señala que el calentamiento global «ya es un hecho y, en este siglo, el nivel medio del mar en nuestras costas ascenderá más de medio metro«. Por todo ello, argumenta que «se hace prioritario progresar en la adaptación de la normativa de costas a la nueva realidad climática».
Fuente Eva Díez, eleconomista.es
